| Si bien es cierto la figura de la correduría pública es una institución añeja en el sistema jurídico mexicano, es a partir de 1993, cuando entra en vigor la Ley Federal de Correduría Pública, que se amplían y detallan las funciones del corredor público, como un fedatario público para efectos mercantiles, perito valuador de cualquier bien o derecho, mediador, árbitro, así como asesor legal de los comerciantes.
En la Correduría Pública 67 del D.F. estamos ciertos que los servicios de fe publica, se deben traducir en instrumentos que además de generar certeza jurídica, contribuyan al desarrollo económico y social del comercio y los comerciantes, de ninguna forma deben representar un obstáculo para sus actividades; es por ello que ofrecemos en todo momento un servicio ágil adaptado a las necesidades del cliente, prestando nuestros servicios en cada caso con toda nuestra capacidad, creatividad y compromiso, dentro de la más estricta ética profesional, pues de esa forma pretendemos igualmente contribuir al desarrollo de México.
De la misma forma, creamos soluciones precisas para nuestros clientes que requieren de dictámenes valuatorios no solo de bienes inmuebles, sino de bienes muebles, maquinaria, equipo, empresas y negocios, bienes intangibles tales como derechos de propiedad industrial e intelectual, así como obras de arte. |
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